EXPONEMOS QUE:
Bajo la administración Trump, desde marzo de 2020, el Título 42 ha sido utilizado para expulsar sin considerar el juicio migratorio a todas aquellas personas migrantes y a la gran mayoría de solicitantes de asilo en frontera sur de EE. UU, expulsandolos a sus países de origen o a México.
Esta medida generada en el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, ha sido utilizada para expulsar inmediatamente a todas aquellas personas migrantes, solicitantes de asilo o de protección internacional negándoles el principio de no devolución y así vedando el derecho la protección internacional, un ejemplo claro es la deportación reciente de personas, unidades familiares y Niñas, niños y adolescentes migrantes expulsados vía aérea desde MacAleen, Texas, Estados Unidos hacia Tapachula y Villa Hermosa en México, para ser trasladados vía terrestre a las fronteras de Tecún Umán y el Ceibo en Guatemala en horas de la noche. Estas condiciones ponen en riesgo la integridad de las personas, violentando derechos y tratados internacionales.
Nos preocupa que las administraciones de Estados Unidos y México generen un proceso escalonado de deportación inmediata, desconociendo las causas de la migración y haciendo caso omiso su obligación de atender a las personas que solicitan asilo, refugio o tienen necesidad de protección internacional. Nos preocupa la poca atención que se ha prestado a organizaciones de sociedad civil por parte de los gobiernos, ya que en el pasado mes de junio ante la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, solicitamos que cesara este tipo de acción que violenta a las personas migrantes y sus familiares.
También en el mes de julio, una amplia coalición de organizaciones centroamericanas y norteamericanas entregaron una petición con más de 1300 firmas al Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y el Congreso Estadounidense, exigiendo el cese de las expulsiones de solicitantes de asilo bajo Título 42 y deportaciones durante la pandemia, así como abolir políticas que históricamente afectan la regularización de las personas migrantes o en su efecto la promoción de su expulsión.
Nos preocupa, que México esté utilizando cada vez más la Frontera del Ceibo ubicada en Petén para retornar vía terrestre a las personas migrantes guatemaltecas, centroamericanas e inclusive haitianas, este es un espacio vulnerable que pone en riesgo a las personas migrantes por sus escasas condiciones de recepción, además presenta el agravante de no contar con suficiente transporte que facilite de manera segura el retorno de las personas a sus lugares de origen. Preocupa la falta de capacidad de la Autoridad Migratoria guatemalteca para atender a las personas retornadas, sobre todo en territorios poco accesibles como es El Ceibo, es urgente contar con políticas migratorias dotadas de recursos humanos y financieros para la atención, protección, albergue, abrigo de las personas migrantes, no es humano tratar a estas personas que han padecido en la ruta migratoria hacia Estados Unidos condiciones de riesgo, siendo forzados a quedarse varados en México, y no ser escuchados para explicar su situación, sino que por el contrario se les siga tratando como delincuentes, sometiendolos a retornos forzados en condiciones de vulnerabilidad.
Por lo anterior exigimos
Al Gobierno de Estados Unidos y México
- A cumplir lo establecido en el Derecho Internacional y Humanitario, haciendo que se cumpla el principio de no devolución, el Interés Superior del Niño, el derecho a la escucha y al debido proceso humanitario
- Asegurar que las personas que están siendo deportadas de manera express, sean evaluadas médicamente, que puedan hacerles la prueba de COVID19 y proporcionarles el acceso a la vacunación en caso esté en el rango de edad y tenga la anuencia a ponersela.
- Acatar las recomendaciones expuestas en esta materia por el Relator especial sobre los Derechos Humanos de las personas migrantes del Sistema de Naciones Unidas, con especial atención al último informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2021: «Informe sobre las formas de hacer frente a los efectos en los derechos humanos de las devoluciones en caliente de migrantes en tierra y en el mar»
Al Gobierno de Guatemala:
- A generar las condiciones de atención, protección, abrigo, albergue necesario para la atención a las personas migrantes que se encuentran en desprotección en territorio guatemalteco.
- A construir la política migratoria de atención a personas retornadas que incluya no solo a guatemaltecos, sino a personas de otras nacionalidades
- A asegurar la atención médica y evaluación sanitaria ante el COVID-19, asegurando pruebas, kit de saneamiento, seguimiento a cuarentena y el acceso a la vacunación en caso esté en el rango de edad y tenga la anuencia a ponersela
- A establecer un diálogo con las agencias internacionales como OIM, ACNUR, UNICEF para generar un plan de acción inmediato para atender la crisis humanitaria que se está generando en la frontera norte de Guatemala
Al Ministerio de Relaciones Exteriores
- Dialogar con los Gobiernos de México y Estados Unidos para cumplir los protocolos de repatriación que no sometan a las personas migrantes a condiciones de vulnerabilidad e inseguridad, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes migrantes
- Promover el diálogo con los gobiernos centroamericanos para generar propuestas que aseguren que México y Estados Unidos cumplan con el Derecho Humanitario, elevar esta discusión en todos aquellos espacios intergubernamentales, como la Conferencia Regional sobre Migración, el Foro Mundial de Migraciones, entre otros
A LA POBLACIÓN EN GENERAL:
Hacemos un llamado a la solidaridad y empatía con las personas migrantes
Guatemala, Guatemala, agosto de 2021.
Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria:
American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC); Asociación La Alianza ; Asociación Pop No’j, Asociación LAMBDA, Centro de Estudios de Guatemala -CEG-; Comité Central Menonita Guatemala/El Salvador; Inmigrant Worker Center (IWC- CTI); Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Fundación Myrna Mack; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Red Jesuita con Migrantes –Guatemala a través del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar; Mesa Nacional para la Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Casa del Migrante de Guatemala, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI); Red por la paz y desarrollo de Guatemala (RPDG), Aracely Martínez, Danilo Rivera y Simón Antonio.