Comunicado de Prensa. Urge la atención y protección a personas migrantes y sus familiares en territorio guatemalteco

El Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, ante la serie de atropellos y; abusos que se han venido cometiendo contra la población migrante desde hace varias semanas, hace un llamado a la Institucionalidad Estatal, Agencias de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas y Población en General para atender yproteger a esta población independientemente de su situación migratoria.

Como es ampliamente conocido, el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América ofreció otorgar 24 mil solicitudes de asilo a personas de origen venezolano, motivo que desencadenó el éxodo de esta población ubicada en distintos países de Latinoamérica, quienes emprendieron el viaje con las pocas o nulas condiciones que tenían. En su tránsito han enfrentado la tormenta Julia y las condiciones propias de un camino hostil que no es fácil de enfrentar.

Algunos países les han otorgado salvoconductos para continuar su viaje, sin embargo, a su ingreso por Guatemala, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en primera instancia porque se les exige una Visa Consultada para su ingreso regular, de lo contrario son retenidos y expulsados del país. La posibilidad de contar con un salvoconducto es prácticamente nula. Esta situación se ha convertido en una oportunidad de corrupción para funcionarios en especial de la Policía Nacional Civil, quienes de manera discrecional amenazan a transportistas y organizaciones, quienes brindan atención humanitaria a la población migrante, con aplicar el Decreto 05-2022, artículo 103 sobre tráfico de personas, el cual tipifica una pena de hasta 30 años si se comprueba este delito.

En las últimas semanas se han observado que continúa el tránsito de personas venezolanas por Guatemala, muchas de ellas en condiciones de agotamiento, cansancio, sin recursos económicos, con enfermedades respiratorias y dérmicas y con necesidades de ayuda humanitaria inmediata. Ante esta situación la actuación del gobierno de Guatemala ha estado orientada a militarizar las fronteras y hacer uso de la fuerza para evitar el ingreso de esta población; así mismo ha sido nulo el apoyo humanitario brindado por las instituciones del Estados, lo único que se ha observado es la presencia del Instituto Guatemalteco de Migración para verificar el estatus migratorio de las personas migrantes y si se encuentran en situación irregular trasladarlas al Albergue ubicado en zona 5 de la ciudad de Guatemala para tramitar su expulsión.

Los cambios en la Política de Estados Unidos respecto al otorgamiento del estatus de refugiado a las personas de origen venezolano y la aplicación del título 42 e no permitir el ingreso de personas a su territorio por razones de evitar la expansión del COVID 19, ha ocasionado que personas venezolanas que se encuentran en Guatemala decidan regresar a su país abocándose a su derecho al retorno. Ante ello el Instituto Guatemalteco de Migración ha puesto a disposición el trámite migratorio de retorno voluntario como mecanismo para que las personas puedan abandonar de manera regular el país con sus propios recursos. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con recursos, por lo que se han abocado al Programa de Retorno Voluntario de la OIM, el cual con sus requisitos y tiempos para su aplicación, no contempla el apoyo a las personas migrantes y sus familiares con los gastos de alimentación, hospedaje, medicamentos previos a su retorno.

Existen varias familias de venezolanos en tránsito por Guatemala que necesitan del apoyo humanitario previo a su retorno, o salida del país. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen desde distintas organizaciones, iglesias y personas individuales son insuficientes.

Hacemos un llamado:

A las Instituciones del Estado a cumplir con el Código Guatemalteco de Migración y sus artículos 2 referente al acceso de las personas a los servicios y dependencias del Estado; 10 sobre la obligación que tiene el Estado de Protegerlos y 58 sobre interpretar las normas migratorias a favor de los derechos de las personas migrantes. según el Código Guatemalteco de Migración. Es obligación del Estado cumplir con el principio de No devolución.

Al gobierno de Guatemala a considerar eliminar la Visa Consultada para el ingreso de personas de origen venezolano a nuestro país, cuando es de conocimiento amplio que éstas se encuentran en su mayoría con necesidad de protección y en constante movilidad.

Al Gobierno a declarar Crisis Humanitaria, ante la realidad inminente que vive actualmente el país, con el éxodo de personas migrantes de diferentes nacionalidades cuya presencia demanda necesidad de protección y atención en su tránsito por nuestro territorio.

A la Organización Internacional de las Migraciones OIM, a ampliar el programa de retorno asistido, incluyendo la ayuda humanitaria que necesitan las personas y familias previo a su retorno.

Al Gobierno a fortalecer las coordinaciones e implementar nuevas acciones en conjunto con las Agencias del Sistema de Naciones Unidad a favor de generar condiciones de atención, protección y abrigo de las personas migrantes en su tránsito, destino, retorno y/o solicitud de refugio en nuestro país.

Al gobierno y al sistema de Naciones Unidas a discutir la distinción entre el delito del tráfico ilícito de migrantes, con el de la ayuda humanitaria, y generar criterios que posibiliten la investigación y tratamiento correcto de este delito, según decreto 05-2022 y el Protocolo de Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire.

Al ACNUR a generar y proporcionar apoyo humanitario a la población migrante que si bien no es solicitante de asilo en el Guatemala, reúne las condiciones de un solicitante de refugio o de necesidad de protección internacional.

A los medios de comunicación a transmitir la realidad que viven las personas migrantes sin sesgos discriminatorios que pueden estigmatizarles.

Reconocemos el apoyo de las organizaciones de sociedad Civil, Iglesias y personas individuales quienes han sido solidarios con la población migrante, les instamos a seguirlo haciendo, acción que combate prácticas discriminatorias.

Guatemala, 26 de octubre del 2022.

Misioneros de San Carlos Scalabrini –Casa del Migrante Guatemala

Pastoral de Movilidad Humana. Conferencia Episcopal de Guatemala

Mesa Nacional para las Migraciones –MENAMIG-

Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES-

Equipo de Estudios Comunitarios –ECAP-

Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia -PAMI-

Red Jesuita con Migrantes

American Friends Service Committe

Comité Central Menonita

Asociación LAMBDA

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho