Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala

La falta de una institucionalidad estatal que atienda de forma estructural e integral la situación de las personas migrantes guatemaltecas en el exterior y la nula o poca implementación del Código de Migración (Decreto 44-2016), son situaciones que han complejizado la posibilidad de proteger y atender las necesidades que se presentan en el tránsito, el destino, el origen y el retorno.

Vemos con preocupación que las circunstancias que han causado la demora institucional del Estado de Guatemala provoque la insuficiente actividad de la Autoridad Migratoria Nacional, la ausencia de una política migratoria (que coadyuve a la agilización de los procesos), la persistente práctica o cultura institucional de estigmatización sobre la persona migrante, la no convocatoria por parte del Instituto Guatemalteco de Migración al Consejo de Atención y Protección, y la no articulación de las instituciones estatales para cumplir con los procedimientos regulados en el Código de Migración.

Vemos positivo que se presenten acciones o se articulen procesos dentro de la Comisión Legislativa del Migrante del Congreso de la República, sin embargo, debemos señalar algunas necesidades y preocupaciones sobre estos procesos:

1. La elección de Secretaría y Sub secretaría del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala -CONAMIGUA- debe responder a un proceso que permita la obtención de información de cada una de las personas postuladas desde la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH -y el Ministerio Público -MP-, de tal cuenta que, al elegir, ninguna tenga señalamientos de violación a los derechos humanos, procesos penales pendientes o bien hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.
2. En aras de respetar lo establecido en el artículo 113 constitucional (que establece que para optar a empleos o cargos públicos la persona seleccionada debe cumplir con méritos de capacidad, idoneidad y honradez) se debe permitir la presentación de oposiciones contra los postulantes, las cuales deberán analizarse y resolverse, en un proceso público y transparente.
3. El cumplir con el proceso de selección en puestos de CONAMIGUA no debe dejar por lado la importancia que tiene la reforma a la ley que le crea, Decreto 56-2007 del Congreso de la República, particularmente porque esta ya no responde a las nuevas disposiciones legales introducidas por el Código de Migración.
4. El proceso de reformar el Decreto 56-2007 debe responder a un ejercicio democrático que tome en cuenta a las organizaciones con experiencia, a las que aglutinan migrantes y a personas expertas, permitiendo construir una reforma desde realidades, con posibilidad de tener un efecto real en la función de CONAMIGUA y por fuera de cualquier interés distinto al de atender a las personas migrantes y a sus familias.
   Por lo expuesto:
5. Motivamos a la Comisión del Migrante del Congreso de la República a que toda acción relacionada con la elección de Secretaría y Sub secretaría del CONAMIGUA sea transparente, que en las reuniones pueda participar cualquier persona y que exista un mecanismo para escuchar a quien considere necesario señalar algún tipo de oposición a determinada persona postulante.
6. Exigimos que la Comisión del Migrante inicie un proceso de fiscalización de las entidades del Ejecutivo que tienen obligación de implementar el Código de Migración para que estas cumplan con las tareas asignadas en términos de institucionalidad y procedimientos.
7. Promovemos que cualquier reforma a la ley del CONAMIGUA sea coherente, complementaria y conforme lo que regula el Código de Migración, de tal cuenta que exista una posición legislativa congruente con los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.
8. Demandamos no dejar de lado las grandes falencias estructurales que hasta ahora han desprotegido a las personas migrantes y a sus familiares; y se siga en una agenda, en compañía de sociedad civil, que permita avanzar en la consolidación de los derechos humanos, la institucionalidad eficiente y el seguimiento necesario a las obligaciones regionales en materia migratoria.
9. Como sociedad civil queremos aportar y dialogar, así como coordinar y trabajar en propuestas que permitan mejorar la legislación nacional para contribuir a la mejora de atención y protección integral de las personas migrantes, desplazadas forzadas, solicitantes de asilo, deportadas y sus familias.
   American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Asociación La Alianza (ALA), Asociación LAMBDA, Asociación Pop No´j, Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Fundación Myrna Mack (FMM), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES), Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), Misioneros de San Carlos Scalabrinianos – Casa del Migrante Ciudad de Guatemala, Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI), Alfredo Danilo Rivera, Aracely Julieta Martínez Rodas, Brenda Julissa Reyes López.